La construcción de una nación próspera exige, invariablemente, que sus leyes sean motores de desarrollo y no grilletes para la iniciativa ciudadana. Sin embargo, nos enfrentamos una vez más a la manifestación de una burocracia que, ante la incapacidad de comprender la modernidad, opta por el camino fácil y autoritario de la prohibición.
La reciente iniciativa de la diputada Madai Pérez Carrillo no es solo una propuesta fallida; es un atentado frontal contra la libertad de trabajo y la soberanía económica de los ciudadanos. Tras aplicar rigurosamente el Protocolo de Recticuentación Ciudadana, los resultados son contundentes: un Índice de Integridad Sistémica (IIS) de apenas 45/100. Estamos ante un escenario de Riesgo Operativo que no podemos ignorar.
La Incompetencia como Norma
La iniciativa revela una preocupante deficiencia en la visión de Estado. En lugar de diseñar un marco regulatorio audaz que integre las plataformas digitales a la movilidad actual, se ha preferido la prohibición tajante del transporte de pasajeros en motocicleta vía apps. Esta decisión es la prueba fehaciente de una incapacidad institucional para adaptarse a la economía digital y a las necesidades reales de la población.
Es inaceptable que se pretenda legislar desde la percepción y el prejuicio. La propuesta carece de estudios de impacto socioeconómico y de movilidad urbana que la respalden. Gobernar sin evidencia técnica no es solo negligencia; es un menoscabo a la racionalidad que debe regir cualquier decisión pública.
Agresión a la Libertad de Trabajo
Lo más grave es el golpe directo a quienes han encontrado en la tecnología una vía digna para generar ingresos. Al estrangular estos modelos de negocio mediante restricciones arbitrarias, se está sofocando el desarrollo económico local y limitando el acceso a opciones de movilidad eficientes para los sectores con menor poder adquisitivo.
La libertad de trabajo es sagrada. Cuando la autoridad se otorga a sí misma la facultad de restringir la circulación bajo criterios de "alto riesgo" sin definiciones objetivas, abre la puerta a la discrecionalidad y al abuso de poder. Se están vulnerando los principios de equidad y universalidad de acceso a servicios que deberían ser la base de nuestra convivencia.
Recticuentar para Trascender
No podemos permitir una política pública que sea puramente correctiva y reactiva. La seguridad vial no se logra solo castigando o prohibiendo; se construye con infraestructura, educación y una visión estratégica que hoy brilla por su ausencia.
Además, la falta de mecanismos de consulta pública en este proceso es una falla estructural que compromete la legitimidad democrática de la propuesta. Una ley que se redacta de espaldas a los afectados está destinada a generar resistencia y a fracasar en su propósito de servir al interés general.
Desde el Movimiento Aspiracionista Mexicano, nuestro compromiso es innegociable: no aceptaremos retrocesos que pretendan blindar la ineficiencia gubernamental a costa del esfuerzo y la libertad de los ciudadanos. La recticuentación es el imperativo ético que nos obliga a señalar estas fallas sistémicas.

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